El Observatorio

Estudiar el Estado requiere considerar tanto sus exteriorizaciones ‒ funciones, productos, servicios, capacidades, poder, etc.‒ como su dimensión organizacional, es necesario considerar ambos aspectos de modo integral y, en ese contexto, comprender las características y dinámicas del empleo y las relaciones laborales que en él se desarrollan.

Uno de los aspectos con mayor vacancia de producción de conocimientos respecto a la agenda pública es el de las relaciones laborales y el empleo. La relevancia de estas temáticas no solo está dada por la importancia que se le asigna al servicio civil y los diversos procesos de empleo que se aplican en las organizaciones estatales, sino también porque el volumen del empleo público, contando los niveles nacional, provincial y municipal, es estimado en cerca de 4 millones de trabajadores los cuales representan aproximadamente el 18 % de los ocupados (Cippec, El rompecabezas del empleo público en Argentina, 2016).

No es casual hablar de estimaciones en lo que respecta al empleo público, este aspecto de las estadísticas públicas presenta notables falencias ‒ausencia de datos estadísticos oficiales que consideren los tres niveles de gobierno; no existe un organismo público responsable de producir y difundir información estadística sobre el empleo público; las fuentes estás discontinuadas; etc.‒que dificultan conocer la cuantía y características del empleo en el Estado de manera tal que puedan darse los análisis y debates respectivos en un marco de responsabilidad y coherencia.

El trabajo en el sector público se encuentra regulado por normas e instituciones que reconoce ciertas particularidades, ellas abarcan desde la necesidad de considerar el acceso, permanencia, estabilidad y desarrollo de carrera, hasta la determinación del salario y los beneficios, las formas que asumen la negociación colectiva y el diálogo social, así como el conflicto. Diferentes convenciones colectivas de trabajo recogen normativamente estas particularidades, requieren ser exhaustivamente relevadas y estudiadas.

Coexisten, por otra parte, diferentes contextos organizacionales, institucionales y regulaciones que afectan y condicionan el trabajo y las relaciones laborales en el sector público, lo que conlleva a la consecuente complejización de las relaciones laborales en el Estado. Las condiciones de vida laboral en el Estado están atravesadas por situaciones de precariedad que requieren ser detectadas, estudiadas y saldadas adecuadamente.

El estudio del empleo y las relaciones laborales en el Estado está también signado por los cambios acaecidos a partir de la década de los años noventa, el Estado que en el nivel federal tenía una cantidad cercana al millón de empleados públicos en 1990, fue reducido a 298.000 empleados. Esta reducción tuvo parte de transferencias a las provincias (350.000 en hospitales y escuelas) y 350.000 que fueron despedidos, licenciados o jubilados. En función de expresado con anterioridad cerca del 80% del empleo estatal es explicado por los niveles provincial y municipal, ámbitos aún menos estudiados que el empleo público nacional.

A partir del año 2003 se recupera una visión del rol del Estado que implicó no solo recuperar parcialmente su dotación sino también formar y retener el personal, en este contexto, el servicio civil aporta coherencia y continuidad a las políticas públicas, limita la discrecionalidad del poder político en la gestión de los asuntos públicos (Evans, 2012). Este fenómeno coexiste, por otra parte, con un enfoque de profesionalización del servicio civil que merece ser revisado con espíritu crítico a partir de estudios e investigaciones que recojan diferentes perspectivas, experiencias y resultados alcanzados en otros países.